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  • Rodrigo Ramírez Pino

América Latina, regulación e infraestructura digital ¿una trayectoria a medio camino?


Conducir a nuestras naciones hacia el centro del “ecosistema digital” suena como la nueva promesa de desarrollo humano, social, económico y tecnológico. Un desafío que ha sido analizada e interiorizada por diversos países, así como en Chile, quedado plasmada en las las respectivas agendas digitales, itinerario que suele variar desde ser un asunto estratégico a un programa menor de alguna repartición pública.


En esta trayectoria nos hemos dado cuenta que solos podemos avanzar hasta cierto punto y que la colaboración coordinada entre países de América Latina y el Caribe es fundamental. Nuestra región está quedando atrás, no solo del imaginario de la ola de la disrupción tecnológica y de la innovación acelerada, sino que además de aquellos elementos tradicionales que componen el mundo telco, en su infraestructura, calidad de la conectividad, precios y velocidades. Con esto no seremos competitivos. Si seguimos por este camino debemos estar preparados para ver desde la vereda como se despliega la revolución 4.0 sin nosotros.


Hoy cuando una empresa con base tecnológica decide invertir, da por sentado la existencia de infraestructura digital de calidad. Cuando se da cuenta que esta no existe, reanaliza el negocio, ya que sabe que para ser competitiva y proliferar requiere de conectividad. Esto ya está pasando en Chile y no me cabe duda en otros países de la región. De seguir así significará quedar relegados a las tradicionales matrices productivas extractivas.


Para compensar nos conformamos con obtener “buenos” resultados en los indicadores que nos favorecen y obviar aquellos en que no. La infraestructura digital en la región está en estado de carencia. Nadie desconoce que algunos países hacen sus esfuerzos en desplegar redes móviles y cobertura 4G, pero con esto no lograremos una economía digital, tampoco ser polos de desarrollo. Los requerimientos productivos de conectividad son muchísimo más altos, requieren multiplicar por diez las inversiones en fibra óptica y estaciones bases. Una forma de ilustrarlo es el porcentaje de conexiones de fibra al hogar: El promedio OECD es 21%, Japón y Corea están sobre el 74%, en nuestra región Uruguay lidera con sobre un 60%, seguido por México con 16%, Chile con 6,7% y Colombia con 4,4%. Quizás debiésemos tomar caminos más agresivos para el despliegue de la infraestructura que nos falta.


El diagnóstico y propuesta de solución no están completos. Existen realidades crudas con brechas significativas en materia de necesidades básicas no cubiertas, que como Estados aún no hemos sido capaces de solucionar. Debemos redefinir nuestros objetivos de desarrollo digital sin dejar a nadie atrás de manera urgente.


Ante el actual boom de propuestas de los reguladores e industrias respecto de las potencialidades del ecosistema digital, debemos ser cautelosos y responsables sobre lo que se promete. Cuando nuestros compatriotas se identifican con el relato, lo hacen esperando superar sus problemas sociales y económicos lo más pronto posible.


Por tal, la regulación digital debe evaluar todo su rango de acción, desde ahí formular sus programas con sustento real de su marco competente y no de aquello que escapa de él. El liderazgo institucional de los reguladores es clave y desde esa autoridad debe ir orientando la coordinación de actores, convocar voluntades y formular políticas públicas multisectoriales que solucionen problemas complejos.


Los reguladores deben ser responsables y competentes, de eso en parte depende el futuro digital. Debemos incentivar mercados saludables mediante la promoción de la competencia, garantizar el cumplimiento efectivo del marco legal y la regulación para proteger las inversiones y usuarios y reducir los costos artificiales para estimular el desempeño de los mercados locales. En definitiva migrar a un marco regulatorio convergente. Nuestra institucionalidad hoy está obsoleta.


Adicionalmente, debemos entender que la industria sigue lógicas empresariales y comerciales, los Estados no le pueden asignar responsabilidades de desarrollo social, ese rol es de las agencias de gobierno. Y por esto, la industria está abierta a que el Estado promueva este rol de intervenir, guiar e invertir cuando sea necesario. Básicamente, tenemos una situación donde en Europa en los últimos ocho años se han invertido por encima de los mil dólares por cada habitante; en América Latina estamos en un promedio de 400 dólares por habitante. Con esto la brecha solo ira en aumento.


Por todo esto debemos establecer una visión ambiciosa y robusta, para el crecimiento económico-productivo, aumentar nuestra competitividad regional e internacional, con miras a la renovación de nuestras actuales matrices productivas. Teniendo presente que para aumentar en productividad y facilitar el crecimiento económico es fundamental contar con conectividad de clase mundial. Esta ayuda a disminuir la distancia con el mundo, facilita el intercambio de la información y promueve la innovación basada en datos. Además, al facilitar y masificar el acceso a la información se generarán más y mejores oportunidades, permitiendo que los beneficios de la conectividad estén disponibles para todos.


Latinoamérica y el Caribe tienen la oportunidad de convertirse en potencia, como el centro alimenticio mundial y foco de desarrollo científico. Gran parte de nuestras economías se sustentan de la agricultura y ganadería, junto con un porcentaje importante de población rural. Para lograr explotar nuestro potencial, debemos aliarnos en la formulación de acuerdos y estándares. Nuestra región es el epicentro de abundantes y diversos, recursos naturales, si logramos reformular nuestros modelos de desarrollo desde la extracción de materias primas a la exportación de productos y servicios digitales de valor agregado, podremos crecer sostenidamente y alcanzar el desarrollo.

¿Nos es acaso esto lo que nos convoca?




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